El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, consideró este martes que más que un pacto político el suscrito este lunes entre el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas, es la continuidad de un negocio, un reparto privilegiado de los recursos del Estado.
Habló en la Casa Nacional del PRM al recibir a renunciantes dirigentes nacionales del PRD entre los que están el comunicador Alex Díaz, precandidato a alcalde de San Francisco de Macorís; Ulises Rodríguez, presidente perredeísta de Santiago; Carmen Leyda Scarfullery, proclamada candidata a senadora y presidenta de las mujeres perredeístas de la provincia Peravia y Bienvenido Santana Guilamo, presidente del PRD en La Romana.
“Ese acuerdo es la continuidad de un negocio que pretende detener el cambio que necesita y quiere el pueblo, un pacto que se hace en base al reparto de privilegios para ellos y sus asociados en el gobierno”, sostuvo.
Dijo que ahora la elección queda clara: “de un lado el cambio para mejorar las condiciones de vida de la gente, para hacer renacer la esperanza y la confianza en un merecido bienestar y del otro el negocio de quienes quieren el continuismo de la inseguridad, el alto costo de la vida, el desastre de los hospitales, el desempleo, los apagones y otros males”, subrayó.
Indicó que si a alguien le quedaba alguna duda, “ayer quedó claro que el PRD ha sido vendido a la ambición continuista de Danilo Medina y su grupo en el PLD. Ellos estaban juntos hace tiempo, eso de ayer no suma nada nuevo, es historia conocida que nada cambia”, expuso.
Para Abinader dió pena y resultó indignante ver que en el anuncio de ese acuerdo se mencionaran los nombres de José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, propulsores de la alternabilidad democrática que,dijo, nunca usaron la política para enriquecerse a costa de la pobreza del pueblo.
“El hecho del presidente Medina precipitar su campaña electoral, cuando aún faltan 8 meses para las elecciones, desmiente la falsa apreciación de alta aceptación en el mercado electoral y tendrá un elevado costo que saldrá de los bolsillos de los contribuyentes, de los tantos impuestos que cobra el gobierno a las familias y a las empresas, de los sobreprecios de los combustibles y la tarifa eléctrica y del pago del despilfarro y los sueldos multimillonarios de unos cuantos funcionarios”, manifestó.
